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TVE, LO PÚBLICO AL SERVICIO DE LOS INTERESES PARTICULARES

 

El funcionamiento del Estado de derecho en España ha devuelto al PSOE, por la fuerza de la Ley, a la senda de lo que es correcto en una sociedad auténticamente democrática, donde las reglas son iguales para todos. Pedro Sanchez ha rectificado después de que la Junta Electoral Central haya anulado el debate en A3.

 

Evidentemente lo hace forzado por las circunstancias. No lo hace por la lógica de, “como gobernante de todos”, o “participar en la televisión de todos”. Como tampoco lo hace por la indignación y malestar creado en muchos colectivos de trabajadores, ni porque el Consejo de Informativos lo pusiera a caer de un burro o porque como San Pablo, una luz le haya hecho comprender (por ética y coherencia ideológica) lo inadecuado de su decisión de anteponer los intereses de una empresa privada acusada de mala praxis publicitaria (por practicar el 'duopolio' en el sector audiovisual español). 

 

Puestos a buscar explicaciones, el primer argumento que en USO nos viene a la cabeza es que lo hace por un frío y descarado interés particular. Pedro Sanchez acepta estar ahora en TVE porque le conviene a su estrategia para ganar las elecciones y seguir en el poder. Perdida aquella ventaja por la que confesó que prefería ir a Antena3, esto es, poder movilizar a su electorado mostrando en ese debate que los tres partidos a su derecha son una misma cosa (el "tricéfalo" del discurso de su ‘agitprop’). Ahora prefiere no exponerse al riesgo de tener que afrontar preguntas en un entorno menos dócil que el que se encontrará en la CRTVE, donde nombró a dedo a la actual Administradora Única. 

 

Eso nos lleva a la evidente conclusión de que para el PSOE de Sánchez, TVE (y todos cuantos trabajamos en ella) somos meros instrumentos en la correa de transmisión del poder. Y ojo, no estamos diciendo que sean diferentes a los demás, ni mejores, ni peores, sino que simplemente sus actos desvelan como prueba incuestionable lo que de verdad entienden por televisión pública independiente, de la que tan elocuentemente han alardeado en su comunicado justificativo: "será un honor debatir en RTVE, la televisión pública española de todos a la que se ha devuelto la independencia y neutralidad".

 

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO

 

El PSOE, en su descarada maniobra, no se corta en agarrarse a un clavo ardiendo al justificar que su cambio de rumbo se fundamenta en que “fuimos los primeros en ofrecer un debate a cuatro”. Y eso abre una incógnita que dice bien poco del equipo de planificadores de Sánchez. 

 

USO celebra que gracias al criterio independiente de la Junta Electoral Central las aguas vuelvan a su cauce. Que los socialdemócratas recuperen su cordura ideológica y apuntalen su apuesta por el estado del bienestar reforzando sus cimientos con un equilibrado protagonismo de las empresas públicas. Y que se pueda difundir el debate a todos los españoles, incluidos los que residen en el extranjero (tienen los mismos derechos que los demás) a través del Canal Internacional de TVE

 

Un objetivo de interés público que pone en valor el trabajo y saber hacer de una plantilla con reconocida trayectoria profesional que reivindica la PRODUCCIÓN PROPIA como mecanismo de futuro de la CRTVE.

 

DISCRIMINACIÓN TERRITORIAL

 

Más allá de las polémicas y las peleas por el poder, TVE cumplirá una vez más con su cometido de difundir información veraz en interés de todos los españoles. Solo nos queda una pega. 

 

Hace unos días se emitió por el Canal 24 Horas para toda España un debate electoral de líderes políticos catalanes hablando en catalán. Perfecto, TVE dando cobertura a la diversidad linguística. Pero, por falta de tacto de la Dirección se ha creado un agravio comparativo, y ahora en Galicia se preguntan por qué no un debate en Gallego, lo mismo que en el País Vasco, o en otras tan necesitadas de información autonómica como Canarias, Andalucía, Aragón, Baleares, o las demás Comunidades autónomas. TVE ha creado la sensación de que hay territorios de primera categoría, de segunda, etc. Una discriminación inconstitucional y antidemocrática que daña nuestra imagen ante la opinión pública, a la que nos debemos. 

 

USO, EN DEFENSA DE LA INFORMACIÓN 

EN DEMOCRACIA

 

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