• fronton web lazo
Imprimir

Servicio Público vs Contrato-Programa

La actual Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece en los tres primero párrafos de su exposición de motivos.

La Constitución en su artículo 20 garantiza valores de pluralismo, veracidad y accesibilidad con el fin de contribuir a la formación de una opinión pública informada y prevé la regulación por ley de la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado.

La actividad de los medios de comunicación de titularidad pública ha de regirse por un criterio de servicio público, lo que delimita su organización y financiación, los controles a los que quedan sujetos, así como los contenidos de sus emisiones y las garantías del derecho de acceso.

 

El fin de la presente Ley es, por una parte, dotar a la radio y a la televisión de titularidad estatal de un régimen jurídico que garantice su independencia, neutralidad y objetividad y que establezca estructuras organizativas y un modelo de financiación que les permita cumplir su tarea de servicio público con eficacia, calidad y reconocimiento público. Por otra, refuerza la intervención del Parlamento y prevé la supervisión de su actividad por una autoridad audiovisual independiente.

En esta línea se aprobó un techo presupuestario de 1.200 millones recabado entre la aportación directa del Estado y la venta de espacios publicitarios. Un sistema transparente y eficaz que aporto equilibrio financiero a la Corporación.

Posteriormente fue aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado del mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de diciembre de 2007).

 

Dicho mandato marco debía articularse a través del contrato-programa a firmar con el Gobierno por periodos de tres años donde se articulara la programación de servicio público y, como consecuencia, la aportación que la Corporación debía recibir por Servicio Público. A día de hoy no se ha firmado ninguno por ningún Gobierno.

 

Abundando, la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, cambia completamente el sistema de financiación y nos aboca a la actual e insostenible situación financiera.

 

En diciembre de 2011 el Gobierno recorto la aportación en 200 millones para el ejercicio 2012 y un año después otros 50 millones más. Las aportaciones de los operadores se han recortado a la mitad –con independencia de la judicialización del pago de dichas aportaciones por los operadores privados-.

 

En definitiva y pese al esfuerzo de recortes y eficiencia puestos en práctica por la Corporación, las perdidas en los ejercicios 2012 y 2013 han sido inevitables.

 

Al no tener negocio de ningún tipo, el IVA se satisface íntegramente sin posibilidad de deducción.

 

El Gobierno ha estrangulado financieramente a la Corporación sin dar ninguna solución.

 

En el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, sobre las cuentas de la Corporación RTVE de los ejercicio 2010 y 2011, apartado Recomendaciones, dice:

 

“6.1. Este Tribunal considera ineludible que el Gobierno y CRTVE aprueben el contrato-programa trienal aplicable a la Corporación previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, en el que habrán de concretarse los objetivos específicos para el cumplimiento de su función de servicio público y aspectos tan significativos como su financiación…

 

6.2. Se recomienda al Gobierno que estudie y promueva una modificación de la normativa que regula la financiación de CRTVE, con objeto de que incentive la obtención de los ingresos comerciales autorizados en la legislación vigente, subsanando los efectos no deseados que sobre los mismos se han puesto de manifiesto en la fiscalización”

 

A la vista de lo anterior, solo cabe el cumplimiento de la legislación que regula la Corporación RTVE para su sostenibilidad. Ello con independencia de la modificación del sistema de financiación que aporte un sistema de equilibrio financiero no sujeto a los vaivenes de los mercados y cumpla con la misión de servicio público encomendada a la CRTVE.

 

Los trabajadores de esta casa no somos ni culpables ni responsables de las decisiones políticas que se adoptan fuera de CRTVE.

 

Exigimos soluciones duraderas YA

 

Escribir un comentario



Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA